La falta de castigos severos ha propiciado que los casos de corrupción se multipliquen en el estado.
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, presentado el pasado 10 de junio, reveló que los casos de corrupción se dispararon a partir de 2007, cuando Guanajuato se ubicaba en la posición 3 entre los estados menos corruptos.
Para 2010, el índice ubicó a Guanajuato en la posición 16.
En este estudio se midieron 35 servicios públicos y entre los trámites en que se elevó la corrupción está la atención en urgencias en clínicas y hospitales, el pago del Predial, la obtención de constancias y exámenes de escuelas públicas, así como de créditos o préstamos en efectivo para una casa o negocio.
En todos esos trámites o servicios, se elevó el número de ciudadanos que tuvo que dar propinas o ‘mordidas’ para obtener un servicio.
Según el informe, una ‘mordida’ le costó a los hogares 165 pesos y en 2007 el promedio fue de 138 pesos.
El 14% de los ingresos de los hogares se destinó a pagar ‘mordidas’.
Se amparan funcionarios
La determinación de una sanción no garantiza que ésta se aplicará, porque los funcionarios tienen mecanismos legales de defensa que permiten anular el castigo.
Tan sólo del primero de octubre de 2012 hasta el 12 de junio de 2013, un total de 109 servidores públicos estatales y 72 municipales de 27 localidades que fueron sancionados, han solicitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un juicio de nulidad contra la pena que les fue impuesta.
Entre los municipios con más funcionarios que tramitaron una demanda ante el Tribunal, se encuentran Jerécuaro con 9, Silao 6, Cortazar y Pénjamo con 5 y Celaya, Guanajuato y Ocampo con 4. De León, sólo un funcionario municipal ha acudido a impugnar su sanción.
El presidente del Tribunal, Vicente Esqueda, destacó la importancia de que los procesos de responsabilidades administrativas en contra de funcionarios cumplan con todos los requisitos de ley a fin de que no sean anulados.
“Existen múltiples casos y ejemplos de circunstancias o de entes autoridades que al no hacer o no emitir sus resoluciones cubriendo con estos requisitos, evidentemente la resolución será de una nulidad sin siquiera señalar si fue justo o no fue justo”.
Insistió que el Tribunal revisa que las autoridades realicen sus procesos apegados a la ley: “El tema es si no se emitió válida legalmente, la consecuencia es la nulidad”.
Con información de periódico am.
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